La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió dos recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Educación estatal tras documentar violaciones al derecho a la educación inclusiva de seis niñas, niños y adolescentes con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo.
Las investigaciones identificaron casos de discriminación, exclusión escolar, maltrato y omisiones en la atención de estudiantes, por lo que el organismo solicitó medidas para garantizar su ingreso, permanencia, aprendizaje y participación en condiciones de igualdad.
La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, señaló que los expedientes evidencian la necesidad de transformar las políticas y prácticas educativas para eliminar las barreras que enfrentan estudiantes con discapacidad.
En uno de los casos, la Comisión documentó cinco situaciones de discriminación, entre ellas negativas de admisión, condicionamientos para permanecer en una escuela y falta de preparación institucional para atender a estudiantes con discapacidad. También identificó el caso de un niño cuya permanencia en un colegio se condicionó a que su familia contratara una “maestra sombra”.
En otro expediente, se acreditó que un niño de 10 años con autismo nivel 3 permaneció sujeto con un cinturón a su silla escolar durante al menos siete meses en un Centro de Atención Múltiple. La investigación también detectó omisiones en la comunicación con su familia y en las medidas para protegerlo.
Entre las recomendaciones, la CEDHNL pidió emitir un Reglamento para la Educación Inclusiva, desarrollar lineamientos de flexibilización curricular, establecer programas educativos inclusivos y garantizar capacitación para el personal.
Además, solicitó investigar posibles responsabilidades administrativas, prohibir expresamente los medios de sujeción física en los servicios de educación especial y brindar atención psicológica al menor y a su madre.
Para el primer expediente, también propuso una partida presupuestal específica destinada a personal especializado, materiales didácticos, ajustes razonables y accesibilidad.
La Secretaría de Educación cuenta con diez días hábiles, a partir de la notificación, para informar si acepta cada recomendación.
La Comisión señaló que el cumplimiento de estas medidas permitiría avanzar hacia un sistema educativo libre de discriminación y con apoyos adecuados para todo el alumnado.